De izquierda a derecha: Angel Chamorro, Miguel Oro, Jose Antonio Caballero Bobadilla, Xavier Hamuy. Foto: Gentileza.
Abel Florentín, presidente del Centro de Jubilados y Pensionados Bancarios y de otras Instituciones Afines, conversó con RDN y dijo que la Superintendencia debe intervenir ante la situación que se presenta actualmente.
El presidente y los miembros del consejo directivo de la Caja Bancaria, así como un exgerente, se encuentran imputados por lesión de confianza.
“Esperamos que las autoridades nacionales, en particular el Poder Ejecutivo tome las medidas del caso, considerando que a nuestro criterio no puede estar al frente de una entidad directivos imputados, justamente por una mala gestión, realizada al frente de la entidad a su cargo”, manifestó.
“La propia ley de la Caja tiene previsto, en su artículo 70, los motivos para una inmediata intervención”, agregó.
“La imputación de estos directivos los inhabilita para seguir en el cargo según la ley de la Función Pública”, apuntó sobre la imposibilidad de seguir en el cargo.
Amplió afirmando que ellos consideran que el consejo está desintegrado actualmente, por lo que la Superintendencia debe tomar cartas en el asunto.
La Fiscalía atendió la denuncia realizada meses atrás por los jubilados e imputó por el hecho punible de contra el patrimonio, normalmente conocido como lesión de confianza a la cúpula mayor de la caja y a un exgerente.
Quienes ahora están requeridos por la justicia son: José Antonio Caballero Bobadilla, presidente; Miguel Ramón Oro Domínguez, miembro titular del consejo de administración y representante de los afiliados activos; Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera, miembro titular del consejo de administración y representante de las entidades patronales; Ángel Ramón Chamorro Ortiz, también miembro titular del consejo de administración y representante de los jubilados y pensionados; además de César Rodrigo Amarilla, exgerente general de la caja.
En los casos más graves, el hecho punible tiene una expectativa de pena privativa de libertad de hasta 10 años.
El informe de auditoría que fue elaborado a través de una pesquisa interna dio cuenta de varias irregularidades que fueron denunciadas ante la Fiscalía el pasado mes de noviembre.
Se cita que en “81 operaciones realizadas por la empresa Karaku S.R.L. con algunos jubilados por un monto de Gs. 14.000.000.000 (Guaraníes catorce mil millones), a quienes libraban cheques para cancelar sus deudas con la Caja y se les otorgaba nuevos préstamos con tasas muy bajas, en un tiempo record ‘rompiendo toda regla de control interno implementado en la Caja’”.
El informe refiere que lo indicado resultó en “la cancelación de créditos a través de la firma Karaku S.R.L., por G. 14.000 millones (USD 2,5 millones), le redituó a esta firma G. 700.000.000 (guaraníes setecientos millones) en concepto de comisión”.
La conclusión de lo mencionado señala: “Los casos analizados permiten concluir sobre indicios de vinculación a favor de una determinada empresa, que financia a beneficiarios la cancelación de créditos obtenidos a tasas mayores, por un porcentaje, interés o comisión, en detrimento de la rentabilidad de la caja, atendiendo la cancelación de préstamos con tasas superiores a tasas promocionales…”.
Además de esto, los jubilados denuncian otra serie de manejos irregulares, entre ellos contratos que no se estarían cumpliendo.
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