José Ortiz no solo es el gerente de Tabacalera del Este SA (Tabesa), empresa cabecera del grupo empresarial del presidente de la República, Horacio Cartes; sino que también es una especie de superministro en las sombras del actual de gobierno. Y de esto no caben dudas.
En los últimos meses, Ortiz fue mencionado en varios de los casos judiciales más importantes. Recientemente, su nombre se escuchó en reiteradas ocasiones en los audios filtrados que destaparon el escandaloso manejo del Consejo de la Magistratura.
Además, el número del empresario tabacalero apareció en el cruce de llamadas del 31 de marzo pasado. De acuerdo a los documentos, Ortiz realizó y recibió llamadas con políticos y altos jefes policiales antes, durante y después de los momentos clave de la jornada como la quema de la sede del Congreso y el atropello al local del Partido Liberal Radical Auténtico, donde fue asesinado el joven Rodrigo Quintana.
A pesar de ello, el hombre fuerte del presidente Cartes nunca fue imputado. Ni siquiera hubo indagaciones al respecto de su participación en los eventos de marzo pasado, sino hasta hace algunas semanas.
¿Por qué esta protección? ¿Qué hay realmente detrás de todo esto? Quizás sea la cercana relación del Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito no solo con el presidente Horacio Cartes sino también con el propio José Ortiz. Y esa cercanía incluye también a la familia del titular del Ministerio Público.
Pero, recapitulemos.
Cuando en octubre de 2016, el Partido Colorado decidió avanzar de manera oficial en la búsqueda de la reelección del presidente Cartes, los Díaz Verón tuvieron una activa participación.
Apenas semanas antes de que venciera el mandato del Fiscal General, su hermano Pedro Díaz Verón -intendente del distrito de Caazapá y hoy candidato oficialista a la gobernación del departamento del mismo nombre- fue el encargado de presentar la propuesta de que la ANR buscara la reelección a través de cualquiera de las formas constitucionales.
Mera coincidencia el tiempo y el pedido. Mera coincidencia.
Además, el cruce de llamadas del 31M reveló que el mismo José Ortiz mantuvo comunicaciones en reiteradas ocasiones con el fiscal general. Hubo llamadas entre ambos el 15 de marzo, el 20 de marzo y el 8 de junio del año pasado.
Díaz Verón ya tenía mandato vencido en aquellos días (hasta hoy), pero con la venia del Ejecutivo se mantiene en el cargo por reconducción tácita.
Pero quizás el dato que revela todavía más la cercanía entre el entorno de Cartes y la familia Díaz Verón es uno que estaba escondido aunque a la vista de todos. La hermana del fiscal General del Estado, Sara Díaz Verón.
La hermana del Fiscal General es propietaria de la escribanía Díaz Verón, asentada en el distrito de Hernandarias. Coincidentemente el mismo distrito donde está asentada Tabesa, la empresa cabecera del grupo Cartes y cuyo gerente es José Ortiz.
Pero no solo están en la misma ciudad, de hecho varias de las empresas del grupo Cartes son clientes de la escribanía de la hermana del Fiscal General.
Banco Amambay y Tabesa, son dos de las firmas del grupo empresarial Cartes que trabajan con la escribanía de la hermana del Fiscal General.
Así las cosas, difícil que quiera afectar a los clientes de su hermana ¿no?
Según publicaciones del diario ABC Color, el fiscal general ubicó familiares, vecinos y hasta exdomésticas en el Ministerio Público. Entre esa nómina aparece también gente cerca a su hermana, la escribana Sara Díaz Verón.
Adela Teresa Medina Luna, cuñada de la hermana del fiscal general, se ubicó como asistente en el 2015 según planilla y su sueldo es G. 3,7 millones.
En 2012, Sara Díaz Verón era señalada como la supuesta responsable detrás de cambios ordenados por su hermano en la Fiscalía en Alto Paraná.
Con todos estos antecedentes, capaz se haga un poco más fácil entender porqué José Ortiz sigue sin ser siquiera investigado por su involucramiento en varios de los casos judiciales más importantes de los últimos meses.
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