Abel Florentín y Gerardo Valiente, en representación del Centro de Jubilados y Pensionados Bancarios y de otras Instituciones Afines, presentaron una denuncia formal y una ampliación de la misma ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Financieros.
La denuncia es en referencia a una supuesta maniobra de unos G. 14 mil millones en préstamos y la facturación de G. 700 millones con base en préstamos por parte de Karaku S.A.
En la primera se señala un pedido de investigación fiscal sobre un supuesto hecho de lavado de dinero. Mientras que en la ampliación se habla directamente del hecho punible de lesión de confianza.
La irregularidad
Según un informe de auditoría interna realizado en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios y Afines: “81 operaciones realizadas por la empresa Karaku S.R.L. con algunos jubilados por un monto de Gs. 14.000.000.000 (Guaraníes catorce mil millones), a quienes libraban cheques para cancelar sus deudas con la Caja y se les otorgaba nuevos préstamos con tasas muy bajas, en un tiempo record ‘rompiendo toda regla de control interno implementado en la Caja’”.
El informe refiere que lo indicado resultó en “la cancelación de créditos a través de la firma Karaku S.R.L., por G. 14.000 millones (USD 2,5 millones), le redituó a esta firma G. 700.000.000 (guaraníes setecientos millones) en concepto de comisión”.
Los denunciados
Según consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía, se solicita la imputación de Rodrigo Amarilla, exgerente general de la Caja; además de José Caballero Bobadilla, presidente de la Caja; Miguel Ramón Oro Domínguez, del consejo de administración; Ángel Chamorro Ortiz, del Consejo Administrativo; Hugo Hamuy Ocampos, Ingrid Raquel Petersen, Yessica Vázquez y Oscar Steven Carrera, por lo mencionado anteriormente.
La denuncia forman se realizó ante la Fiscalía el 17 de noviembre pasado.
Luego se presentó un nuevo documento, en fecha 22 de noviembre de 2017, en el cual se solicita la imputación de César Rodrigo Amarilla, José Caballero Bobadilla, Ángel Chamorro Ortiz, Máximo Ramón González Arias.
El segundo escrito además denuncia una licitación por unos G. 4.995 millones para la digitalización de documentos de la Caja.
Según un documento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) señala lo siguiente: “En la verificación in situ realizada por funcionarios de la DNCP (16/06/17) no se observaron bienes, ni documentos respaldatorios de la recepción de bienes o de prestación de servicios correspondientes al presente contrato”.
Lo mencionado evidencia que a pesar de realizar el pago no se recibió una contraprestación, la correspondiente al pago.
En el portal de la DNCP consta que el contrato es de G. 4.995.000.000 millones, de los cuales se desembolsó la suma de G. 3.962.369.612.
Sobre el punto, la Superintendencia de Bancos había advertido una irregularidad en la prestación de servicios.
Versión de la Fiscalía
La fiscal Victoria Acuña, quien se encuentra a cargo de la denuncia, conversó con RDN el pasado viernes y afirmó que sigue realizando las investigaciones sobre las acusaciones.
Explicó que no tomó la ampliación de la denuncia y que derivó con otro agente.
En cuanto al caso con que cuenta actualmente, dijo que se encuentra entrevistando a las 80 personas que recibieron el préstamos, aparentemente irregulares, por parte de la firma Karaku S.A.
Aseguró que se encuentra realizando las diligencias y tomando la documentación de varias instituciones.
Debe corroborar lo sostenido en las acusaciones, afirmó y no quiso entrar en detalles sobre los plazos que maneja sobre una posible imputación.
En una nota anterior, la Superintendencia de Bancos, del Banco Central del Paraguay (BCP) prefirió omitir comentarios sobre las irregularidades en la Caja, a pesar de que se encuentra al tanto de lo que sucedió gracias a documentos a los que accedió este medio.
Los documentos del pedido de imputación se encuentran abajo:
