Desmonte. Foto: Prensa Libre Pueblos Originarios - blogger
El especialista indicó que el decreto 7.702, del 14 de setiembre del presente año, es realmente preocupante, ya que pasa por encima de cualquier estudio de impacto ambiental para la depredación de bosques en propiedades privadas.
Señaló en comunicación con Abc Cardinal, que el hecho atenta contra tratados de convenciones mundiales sobre ambientes a los que Paraguay está suscrito desde la década de los 70’.
Sostuvo que la Contraloría está facultada para realizar un análisis de gestión de las políticas públicas del ambiente y sobre todo si existen cuestiones en la ley que generen daños ambientales tipificados en las leyes, lo cual se tendría que remitir al Ministerio Público.
Finalizó diciendo que lo más grave de todo sería que los funcionarios públicos avalen decisiones al margen de la ley.
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