El Frente Guasú presentó el proyecto de ley con el objetivo de que el TSJE posea un registro de las personas que realizaron la encuesta, cómo se financió y la población encuestada.
Respecto a la propuesta, el senador Hugo Richer, del Frente Guasu, manifestó que el objetivo principal es lograr un ordenamiento con respecto a las encuestas, que haya una estructura institucional que dé un marco de regulación, según informa Abc color.
“Se debe asumir que desde un tiempo a esta parte las encuestadoras han venido publicando encuestas que son tan diferentes una de otra, lo cual hace que se pierda credibilidad”, indicó el senador.
Así también remarcó en relación a la entrada en vigencia de la ley que probablemente ya no haya te que acepen la normativa, ya que ya se acercan las elecciones presidenciales 2018. “Lo importante es que se apruebe en algún momento”, subrayó.
Una parte del documento expresa lo siguiente:
«La difusión de una encuesta o sondeo de opinión sobre intención de voto fraudulento es un delito, castigado con pena de prisión de seis meses a un año y multa de 5.000 a 10.000 jornales mínimos para actividades no especificadas de la capital. La sanción se establecerá según la gravedad de la infracción, considerando la reincidencia del infractor así como el grado de difusión efectiva de la encuesta o sondeo”.
En el artículo 10 del documento se establecen multas de 5.000 A 10.000 jornales mínimos si la encuestadora no se ha registrado en el TSJE o en caso de haber entregado los resultados para su difusión antes de presentar el resultado de la encuesta al tribunal.
